UNA CONSTITUCIÓN IMPUESTA DEJA DE SER UN CONTRATO SOCIAL
 
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UNA CONSTITUCIÓN IMPUESTA DEJA DE SER UN CONTRATO SOCIAL
UNA CONSTITUCIÓN IMPUESTA DEJA DE SER UN CONTRATO SOCIAL
 
por Nicomedes Sejas T

Importancia de un nuevo contrato social

No es sólo un decir que la Constitución es la ley de leyes y su supremacía reconocida como la única garantía normativa de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, así como de los derechos del ciudadano. Razón por la cual diferentes Estados, lo mismo que el nuestro, han creado un Tribunal Constitucional cuyas atribuciones son conocer y resolver, en única instancia, sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos, y cualquier género de resoluciones no judiciales.

Una ley de tales características para ser acatada por los miembros de una sociedad requiere de un alto grado de legitimidad. Es necesario que tal ley sea acatada y reconocida como norma universal.

El enfoque liberal del régimen republicano tuvo un brillante exponente en Rousseau para quien el acatamiento de la ley es un sometimiento que tiene sus propias condiciones. No es el sometimiento del débil frente al fuerte; no es el sometimiento del impotente frente al violento. Tampoco es la imposición del fuerte sobre el débil, en la medida que el fuerte no será capaz de reproducir su fortaleza indefinidamente. El acatamiento del ciudadano a dicha ley deriva de una convención mediante la cual la persona particular sede su soberanía para constituir una voluntad general para procurar y garantizar su propio bienestar en la sociedad, dando origen a la ley que debe administrar el Estado. De ahí que la mayor virtud de la ley general es el acuerdo que la sustenta teniendo como fin el bien común. Rousseau afirma que la soberanía es inalienable pero que su ejercicio en sociedad requiere de la institución de un ser social mediante la representación de la voluntad general.

La legitimidad de tal ley se basa en el reconocimiento de determinados principios: a) la libertad natural de los hombres, b) el reconocimiento de la igualdad de los hombres, y c) el respeto a la voluntad que es común a los hombres.

Esta unidad social diseñada por el liberalismo tuvo un desarrollo a lo largo de dos siglos y un notable efecto civilizador para generaciones de hombres y mujeres europeos y norteamericanos con una gran fe en los clásicos principios liberales. Y no faltaron importantes contribuciones para resolver los arcaísmos del liberalismo tradicional, que defendiendo el liberalismo individualista justificaron las consecuencias de desigualdad que engendraron, creando un puñado de pocos ricos frente a muchos pobres, incubando permanentes conflictos sociopolíticos para el conjunto de la sociedad.

El Estado boliviano, no obstante haber adoptado en su fundación una constitución de vertiente liberal, no pudo resolver la persistencia de las instituciones coloniales que continuaron vigentes hasta el presente; principalmente porque, la independencia no fue suficiente para descolonizar las viejas estructuras, negando los derechos de ciudadano individual y colectivamente a nuestras comunidades originarias.

En el orden internacional, la creación de las Naciones Unidas tuvo la virtud de crear una fuerte influencia modernizante, a través de declaraciones, convenios y protocolos y, en el orden nacional, los movimientos indígenas que propugnaron importantes reformas políticas orientados a liquidar los resabios coloniales, durante estos 50 años, colocaron a Bolivia en el umbral de la mayor oportunidad para sentar las bases de una nueva sociedad.
En el debate político más actual no es posible prescindir de considerar la libertad, la igualdad y la solidaridad y de cómo tales principios o valores pueden ser la esencia de nuestras leyes e instituciones.

Estas cualidades inherentes a la naturaleza humana no cambian sustancialmente en el marco de los derechos colectivos atribuidos a las comunidades originarias en las corrientes sociológicas más actuales, las cuales han incorporado el reconocimiento de las identidades étnicas y la necesidad de su desarrollo basadas en la igualdad.

El reconocimiento de la igualdad es esencial a todo acuerdo político y por la misma razón contrario a toda forma de imposición que sólo se puede justificar en nombre de la verdad o en nombre de la superioridad, hace mucho erradicadas del lenguaje político.

Donde persiste alguna forma de imposición no es posible un pacto.